Saturday, August 12, 2006

Los Criterios de Oportunidad en el Proceso Penal y la Experiencia Hondureña en el Marco de su Vigencia Anticipada al Nuevo Código Procesal Penal

Los Criterios de Oportunidad en el Proceso Penal y la Experiencia Hondureña en el Marco de su Vigencia Anticipada al Nuevo Código Procesal Penal[1]



I. INTRODUCCIÓN


Nuestro nuevo Código Procesal Penal, a entrar en plena vigencia el mes de febrero del año 2002, incorpora, como principales innovaciones, la implementación en el proceso penal hondureño de manifestaciones del principio de oportunidad; la figura del Fiscal Instructor como superación del Juez Instructor; la concepción de la prisión preventiva, ya no como regla general, sino con carácter excepcional dentro de un abanico de medidas sustitutivas a la misma; la preeminencia del principio procedimental de oralidad y sus consecuencias, sobre la escritura; y, finalmente, la judicialización de la etapa de ejecución de la pena.

De todas éstas, y de conformidad a las “Disposiciones transitorias y Finales”, en su Capítulo II, y específicamente en lo referente al “Ámbito Temporal de Validez”, del Artículo 446; entró en vigencia anticipada, e día 20 de mayo del año dos mil, y en lo que al presente trabajo de investigación interesa, todo el Título II, del Libro Primero, contentivo de la regulación legal de los criterios de oportunidad. Con lo que, junto con la entrada en vigencia simultánea de los Artículos 403 y 404 referentes a la conformidad del procedimientos abreviado, se da entrada a manifestaciones del principio de oportunidad en el marco de nuestro aún vigente procedimiento penal inquisitivo. Convivencia que, en gran medida, a dificultado la plena efectividad de estos instrumentos de simplificación procesal y que, en el concreto supuesto de los criterios de oportunidad, incluso ha llegado a desnaturalizar su ámbito pre procesal de aplicación.

Dado el marco referencial legal anterior, y apoco mas de año y medio de los institutos procesales descritos, el presente trabajo pretende, como finalidad general, efectuar una aproximación crítica a su efectiva puesta en práctica y a las causas, tanto de orden jurídico como material, que han dificultado su implementación; auxiliándonos, para ello, de la rica experiencia que, sobre la presente materia, ha tenido durante dicho tiempo el Ministerio Público como órgano principal responsable de su implementación.


II. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTO


A fin de aproximar debidamente la cuestión del fundamento jurídico del principio de oportunidad y, a partir del mismo, poder otorgar una definición coherente con nuestra normativa vigente; resulta absolutamente necesario tomar como punto de partida su evidente contradicción con el principio de legalidad procesal el cual, con respecto a la función del Ministerio Público, obliga a poner en marcha el instrumento del proceso ante todo acto que revista el carácter de delito de orden público y en el cual se tenga sospecha fundada de quien pueda ser su autor.

En este sentido, debe entenderse por principio de oportunidad, “aquel que confiere facultad al Ministerio Público para que, en atención a determinados supuesto (relacionados con el hecho mismo, con las personas que lo cometen o la relación de éstas con otros sujetos o hechos), permita a éste condicionar o abstenerse de ejercitar la acción pública con respecto a la comisión de actos de naturaleza penal y en los cuales el autor se imputa como posible culpable”[2].

Por su parte, el Código Procesal Penal establece, en su Artículo 28 que “el Ministerio Público tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente. No obstante, podrá abstenerse de ejercitar total o parcialmente la acción penal, limitarla a alguna de las infracciones o alguno de los imputados, en los casos siguientes…”.

Contrario a lo que a primera vista pudiese pensarse, la anterior definición, si bien aparentemente reconducida única y exclusivamente a los criterios de oportunidad, en realidad se trata de la definición genérica misma del principio de oportunidad, del cual, sin duda, los criterios de oportunidad representan una de sus manifestaciones, quizás incluso la más pura, pero no la única[3].

De una lectura integral y complementaria, tanto de la definición doctrinal propuesta como de la definición legal transcrita, resulta importante destacar los siguientes aspectos:

No estamos ante una sustitución absoluta del principio de legalidad por el de oportunidad, sino del principio de oportunidad como “excepción”, o como definiría TIJERINO PACHECO[4], “flexibilización” del principio de legalidad procesal estricta.

Se trata de una facultad legalmente atribuida, en exclusiva, al ministerio Público en su condición de órgano acusador estatal. Lo que implica el reconocimiento de dos extremos importantes: Por una parte, la discrecionalidad, que indiscutiblemente reviste la figura, reside en el Ministerio Público, por lo que ni el Juez, ni el imputado o la víctima, pueden forzar al Fiscal a aplicar dicho instrumento de simplificación procesal, quien atenderá, únicamente y en todo caso, a razones de interés general (poco impacto social, interés resarcitorio de la víctima, poca gravedad del hecho cometido, poca peligrosidad demostrada del autor, etc.); por otra parte, dicha facultad discrecional no puede ser ejercitada por ningún otro órgano no legitimado expresamente por la Ley al efecto; así, por ejemplo, el órgano jurisdiccional, la Policía, sea esta preventiva o de investigación, o la Procuraduría General de la República en el ámbito de su estricta competencia.

No se trata de un principio de oportunidad de ejercicio “libre”, tal y como se concibe en otros ordenamientos jurídicos como el norteamericano o el inglés; sino de un principio de oportunidad en su manifestación “reglada”, por lo que hemos importado la versión propia del Derecho continental europeo[5], mediante el cual el Fiscal debe sujetar su aplicación al cumplimiento de presupuestos y requisitos previamente establecidos en la norma procesal penal; y, finalmente,


En el caso específico de los criterios de oportunidad del Artículo 28 CPP visto, se trata de una manifestación “pre procesal” del genérico principio de oportunidad y, por tanto, a ser aplicados por el Ministerio Público en sede administrativa fiscal, como opción contraria a ejercer la acción penal pública, siendo su finalidad, precisamente, la de evitar el nacimiento mismo del proceso penal[6].


III. JUSTIFICACIÓN EN EL ESTRICTO CONTEXTO HONDUREÑO


Dando por sentado que la decisión de implementar o no manifestaciones del principio de oportunidad en un dado sistema procesal penal responde, en definitiva, a una decisión eminentemente de política criminal[7], resulta imperativo justificar su vigencia en el sistema procesal penal hondureño. El cual, a nuestro criterio, no debe limitarse a simples motivos de economía procesal (finalidad utilitarista); no obstante de tener que aceptar que el descongestionamiento de causas judiciales y la posibilidad de priorización de las mismas -de conformidad a su gravedad según el bien jurídico protegido, impacto social, peligrosidad del autor, etc.- representan, por sí, razones materiales de peso a ser consideradas en el contexto de nuestra realidad forense judicial, y cuyo fundamento no pretendemos negar.

En este sentido, y a nuestro parecer, la justificación última[8] en Latino América, y específicamente en Honduras, para implementar excepciones al principio de legalidad estricta, debe buscarse en la necesaria concreción de una Justicia material sobre una pretendida y poco lograda Justicia formal; que pasa, necesariamente, por reconocer la consolidación de sistemas de persecución y enjuiciamiento criminal selectivos, generalmente dirigidos a las clases económicamente menos favorecidas, que han predominado en nuestros países.

En otras palabras, tener que aceptar por cierto, como evidentemente lo es, que la Justicia penal en Honduras ha sido, y continua en gran medida siendo, una Justicia para y contra pobres.

De esta forma, la abstención en el ejercicio de la acción penal pública en un ámbito específico de cierto tipo de criminalidad a ser considerada como de menor incidencia social o de “bagatela” (hurtos, daños, amenazas, etc.), provocada principalmente por los desajustes económico sociales que caracterizan a nuestros países, debe ser visto, no como un atentado al trato igualitario de todo ciudadano ante la Ley, incluida por supuesto la penal, sino, si se quiere, como una fórmula de compensación social a favor de sectores desprivilegiados contra los cuales, tradicional y sistemáticamente, han venido operando los órganos de represión y persecutorios del Estado.
Esto, unido a la finalidad de evitar efectos criminógenos en las personas privadas de libertad[9] representan, a nuestro criterio, las finalidades y justificaciones más importantes que respaldan la vigencia de manifestaciones del principio de oportunidad en nuestro país hoy.


IV. LA EXPERIENCIA HONDUREÑA A PARTIR DE SU PUESTA EN VIGENCIA ANTICIPADA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL


Previo a proceder a efectuar una interpretación con respecto a las estadísticas que, sobre la aplicación de criterios de oportunidad a nivel nacional posee Fiscalía General, a través del departamento de Capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica dependiente directamente de la misma; resulta conducente efectuar, siquiera someramente, un resumido recorrido a los esfuerzos realizados por el Ministerio Público para su correcta aplicación desde su entrada en vigencia anticipada el 20 de mayo del año dos mil[10].

Así, en un primer momento y con fundamento en el Artículo 29 del Código Procesal Penal que establece que “la aplicación del criterio de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal general de la República, quien podrá delegar esta facultad en el Director de Fiscales y éste en sentido descendiente de la jerarquía; se determinó por Fiscalía General centralizar todas las solicitudes para la aplicación de criterios de oportunidad a nivel nacional en la persona del Director General de Fiscalía, único facultado entonces para autorizar su aplicación. Ello, unido al generalizado temor por parte del cuerpo de Fiscales ante una figura hasta entonces para ellos desconocida y absolutamente contraria a la formación acusadora que, con apego a un respeto absoluto al principio de legalidad, se les había inculcado; demostró objetivamente que dicha política institucional debía ser reconsiderada por otra que fomentara y promoviera una mayor viabilidad y efectividad en la aplicación de la figura a fin de asegurar su objetivo inmediato de permitir una priorización a favor de causas que, por su gravedad o circunstancias de comisión la merecían y, como finalidad principal para la etapa de transición, descongestionar los tribunales de la República de los llamados delitos “bagatela” de cara a iniciar, en la medida de lo posible, en limpio al nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.

Prueba constatable de lo anterior, es el hecho que el primer criterio de oportunidad registrado en la Fiscalía General data del mes de octubre del año dos mil. Es decir, casi medio año después de la entrada en vigencia de dicho instrumento desjudicializador y bajo las circunstancias que en los siguientes párrafos describiremos.

Aproximadamente en el mes de julio del año dos mil, la Fiscalía General de la República reanuda la operatividad de la Fiscalía de Turno, concretando sus funciones a las de atender levantamientos de cadáveres y al conocimiento de las denuncias interpuestas en sede policial, tanto preventiva, como en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal.

Durante el periodo comprendido entre julio a octubre del año dos mil, Dirección de Fiscalía continuó con la potestad exclusiva de autorizar la aplicación de criterios de oportunidad, incluyendo aquéllos que potencialmente podían sucederse en sede de turno, por lo que, aunado a las diferentes solicitudes que pudiesen provenir de las distintas Fiscalías a nivel nacional, provocaron que, lógicamente y por imposibilidad material, dichas autorizaciones se paralizaran en la fase de estudio de los casos planteados, lo cual ciertamente contrastaba con la fluidez y dinamismo que la propia naturaleza de la figura requería.

En septiembre del año 2000, mediante Resolución del Fiscal General FG-046-00, se cera el “Departamento de capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica”, el cual inicia su funcionamiento en el mes de octubre de ese mismo año, contemplándose reglamentariamente entre sus principales funciones[11] la de otorgar efectividad al principio de unidad de actuaciones del ministerio Público, mediante el asesoramiento de carácter técnico-jurídico a todas las Fiscalías a nivel nacional, así como la dirección de los procesos de capacitación.

Es con base a esas delicadas funciones, y a requerimiento de su Fiscal Jefe, que los Fiscales integrantes de dicho Departamento, incluyendo al primero, quedan incluidos en el ejercicio de los turnos en sede policial.

Aprovechando lo anterior, de forma experimental y debido a la afluencia de casos que a diario se presentaban en las referidas dependencias policiales de la capital, el Fiscal Jefe del Departamento de capacitación y asesoría Técnico-Jurídica obtiene, por parte del Fiscal General, la facultad de autorizar, a los Fiscales dependientes del mismo, la aplicación de criterios de oportunidad. De esta forma, y en fecha 22 de octubre del año dos mil, se aplica en sede administrativa los primeros criterios de oportunidad en el país.

De la experiencia anterior, se comprobó objetivamente la imperiosa necesidad de delegar, en los superiores jerárquicos de cada Fiscalía Especial, Común y Regional, la facultad de autorizar la aplicación de criterios de oportunidad, lo que condujo, en fecha 20 de noviembre del año dos mil y mediante Resolución de Dirección General de Fiscalía número DGF-002-00, a la descentralización de dicha facultad en los Fiscales Coordinadores Locales, Fiscales Coordinadores Departamentales o Regionales y Fiscales Especiales y Titulares que coordinan Fiscalías Especiales fuera de la capital de la República.

Así, se desprende de los registros estadísticos que, después de los primeros criterios de oportunidad aplicados por el Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica en el mes de octubre hasta la conclusión del año dos mil, se ha suscitado un evidente incremento en la aplicación de la figura. Incremento que se ha mantenido constante en lo que va del presente año dos mil uno, con las particularidades y observaciones que a continuación detallaremos.

De un primer análisis general comparativo entre las estadísticas del año dos mil y las del presente año hasta el tercer trimestre, septiembre incluido; resulta constatable el incremento en la aplicación de criterios de oportunidad a nivel nacional.

A efecto de comprobar dicha aseveración, basta con resaltar que se aplicaron más criterios de oportunidad en el mes de enero del dos mil uno (31 casos) que en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre juntos del año dos mil (22 casos); debiéndose evidenciar un incremento casi constante durante el resto de meses computados del presente año, hasta un sorprendente declive, en el último mes registrado de septiembre, haciendo un total de trescientos sesenta y cuatro (364) criterios de oportunidad aplicados a nivel nacional en lo que va del presente año dos mil uno.

De lo anteriormente descrito, merece especial atención el analizar las circunstancias que motivaron en el presente año, tanto el repentino incremento durante el mes de agosto (59 casos), como la sorprendente caída estadística sucedida inmediatamente después en el mes de septiembre (26 casos).

Al respecto, y en lo concerniente al incremento en aplicación de criterios de oportunidad en el mes de agosto, la razón en gran medida responde a que, con fecha ocho de agosto del año en curso, el Fiscal General de la república, sobre la base de un informe previo preparado al efecto por el Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica, aprobó dos Instructivos que han demostrado ser instrumentos esenciales para el correcto entendimiento y respaldo en la aplicación de las dos figuras de simplificación procesal introducidas anticipadamente a la completa vigencia del nuevo Código Procesal Penal: El Instructivo FG-001-2001, referente precisamente a los criterios de oportunidad del Artículo 28; y, el Instructivo FG-002-2001, referente a la conformidad del procedimiento abreviado, regulado en los Artículos 403 y 404[12].

Cabe destacar que ambos Instructivos distan mucho de las Circulares emitidas en su momento, y sobre las mismas materias, por Fiscalía General a mediados del mes de junio del año dos mil. Diferencia que reside, no únicamente en cuanto a su extensión y mayor profundidad de análisis[13] que en los mismos se procura, sino esencialmente, en la mística de trabajo y cambio de mentalidad que ambos fomentaban a favor de la aplicación efectiva, como obligación ineludible, de dichos institutos.

Un poco más complejas, pero no por ello menos evidentes, resultan las circunstancias que motivaron el posterior descenso estadístico en el mes de septiembre. Descenso que, cabe destacar, continúa agudizándose en el último trimestre del presente año.

Principalmente, dichas circunstancias se resumen en una total falta de coordinación entre Fiscales y cuerpos policiales en sus respectivas funciones instructoras complementarias (dirigir técnico jurídicamente la investigación criminal, los primeros, y, realizar materialmente dicha investigación, en el caso de los segundos).

Al respecto, permítasenos efectuar un somero análisis crítico de lo denunciado, no sólo por su demostrada incidencia en la efectividad de estos instrumentos de simplificación procesal, sino por el riesgo fundado de poner en eminente peligro todo el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal hondureño, incluso antes de su efectiva puesta en vigencia, al situar en crisis uno de los principales pilares sobre los que descansa el éxito del proceso penal acusatorio propuesto: El binomio Fiscal-Investigador.

En este sentido, y no obstante que la primera Ministra de seguridad nombrada en el país había acertadamente solicitado al Fiscal general de la República la presencia de Fiscales en las sedes de detención de la Policía Nacional, con el doble propósito de, por una parte, controlar jurídicamente el debido actuar policial, y, por otra, dotar a la ciudadanía de la necesaria seguridad jurídica con respecto a las denuncias planteadas; el actual Ministro de Seguridad, en el transcurso del presente mes de julio, y con una decisión que no pude más que describirse como cuanto menos de irreflexiva y unilateral, decidió expulsar de dichas sedes a tales funcionarios, ordenando, además y a nivel nacional, que todas las denuncias junto con los detenidos fuesen directamente presentados ante los órganos jurisdiccionales competentes, evitando así el legalmente establecido filtro por parte del Ministerio Público y negándole, a su vez, su condición de director técnico jurídico de la investigación. Con la consecuencia directa e inmediata de un decrecimiento en la aplicación de criterios de oportunidad, especialmente en los casos de flagrancia a los cuales esencialmente van dirigidos, produciendo nuevamente el desmesurado aumento de los casos bagatelarios allegados a los Tribunales y su insalvable congestionamiento.

Resulta evidente que, bajo el irregular panorama anteriormente descrito, la resolución de conflictos por vías alternas al enjuiciamiento, como es la aplicación de criterios de oportunidad, no resulta más que una burda falacia.

Por supuesto que la posible situación paralela que podría estar sucediendo resulta incluso aún más indeseable, como lo es la aplicación de criterios de oportunidad de facto y fuera de cualquier control legal, por parte de la policía. Situación que no queda fuera de toda sospecha pues, en la actualidad y ante la falta de un control efectivo por parte del Fiscal en la etapa de investigación, resulta un hecho innegable que, solo llega a conocimiento del órgano acusador público, lo que el ente policial determine.

Lo anterior, unido a un constatable debilitamiento de la Dirección General de Investigación Criminal a favor de una errónea política de trasladar las facultades técnicas investigativas a los entes policiales preventivos, dibujan una visión de futuro desalentadora para las positivas expectativas que la generalidad de la población nacional ha hecho descansar sobre el nuevo sistema procesal penal.


V. CONCLUSIONES


De todo lo anteriormente expuesto resulta procedente formular las siguientes conclusiones generales.

En primer lugar, resultan constatables los esfuerzos que el Ministerio Público ha venido realizando a favor de una efectiva aplicación de criterios de oportunidad. Debiendo destacarse, como una de sus principales certezas, la creación de un Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico Jurídica; el cual, bajo la dirección del Señor Fiscal General de la República, ha creado la vía adecuada, a través de la capacitación y la asesoría técnica, para dar respuesta efectiva a los retos que presenta el nuevo sistema procesal penal.

No obstante, es deber reconocer, que, si bien se ha avanzado y se han dado pasos firmes y determinantes en la materia, aún queda mucho por andar.

En segundo lugar, queda evidenciada la capacidad y la buena voluntad de la generalidad de los miembros Fiscales del Ministerio Público para asimilar y afrontar instituciones tan novedosas como la que es objeto de estudio. Sin perjuicio de tener que reconocer un temor fundado en la aplicación de instrumentos tan ajenos a nuestra tradición y formación jurídica basada e un respeto inflexible a principio de legalidad estricta.

Finalmente, y en tercer lugar, hacer hincapié en que la decisión de adoptar manifestaciones del principio de oportunidad responde a una decisión exclusivamente d política criminal, por lo que su efectividad dependerá, en gran medida, de que las posibles condiciones adversas para su implementación sean efectivamente afrontadas bajo esa premisa.

Es decir, si bien la aplicación de estas figuras de simplificación se encuentran, principalmente, bajo responsabilidad del Ministerio Público, en su condición de órgano acusador oficial, crear las condiciones adecuadas para su efectividad es una obligación de todos los operadores de justicia, órganos policiales y jurisdiccionales incluidos

En este sentido, la errónea política institucional aislada asumida por la Secretaría de Seguridad resulta, a todas luces, contraria a esa asumida política criminal. Y al respecto permítasenos exteriorizar nuestro pesimismo a una pacífica solución.

Y es que el problema no es de personalidades ni de actitudes, sino de estructuras, y mientras esas estructuras permitan este tipo de disfuncionalidades, el futuro será siempre incierto, y su falta de certeza, irremediablemente se acarreará su desconfianza.

Entendámoslo bien de una vez, el nuevo sistema procesal penal requiere, para su efectividad, o por lo menos para garantizarle una justa oportunidad, que todas las distintas piezas que lo conforman funciones debidamente. Si una sola de ellas falla, el engranaje en su conjunto corre el riesgo de colapsar, y ese es un lujo que, a la luz de las exigencias sociales por un verdadero Estado Constitucional de Derecho, no podemos aceptar.

La solución, a nuestro criterio, es y desde siempre ha sido clara, hacer depender la Dirección General de Investigación Criminal del órgano encargado de la persecución penal pública. Por lo que debemos concluir que, la reforma legislativa que producto la Ley Orgánica de la Policía Nacional en la que separa al ente investigativo del seno del Ministerio Público, no representa más que un buen ejemplo de una mala reforma a reformar.








VI. BIBLIOGRAFÍA



1. ARMENTA DEU, TERESA, Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, España, 1991.

2. CONDE PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO, El principio de oportunidad reglada: Su posible incorporación al sistema del proceso penal español, en “Reforma del Proceso Penal II”, Congreso de derecho Procesal de Castilla León, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica de Publicaciones, Madrid, España, 1989.

3. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, La reforma procesal penal y el Ministerio Público en Honduras Litográficos de Impresión, S de RL, Tegucigalpa, Honduras, 2001.

4. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO y MEDINA, ROY EDMUNDO, Compendio Fiscal: Reglamentos, Instructivos y Dictámenes (2000-2003), Ministerio Público/Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras, 2004.

5. DE LA OLIVA SANTOS, ANDRES, Disponibilidad del objeto, conformidad del imputado y vinculación del Tribunal a las pretensiones de las partes en el proceso penal, revista jurídica “Revista General del Derecho”, número 577-578, octubre-noviembre, 1992, Págs. 9853-9903.

6. GOMEZ COLOMER, JUAN LUIS, El nuevo proceso penal abreviado (aspectos orgánicos y procesales), revista jurídica “Poder Judicial”, número 26, 1992. Págs. 9-24

7. TOCORA, FERNANDO, Política criminal en América Latina, Ediciones del Profesional, Bogotá, Colombia, 1999.

8. VASQUEZ SOTELO, JOSÉ LUIS, Discrecionalidad y Derecho procesal, revista jurídica “Justicia”, números 3 y 4, 1995, Pág. 55.

9. TIJERINO PACHECO, JOSE MARIA, El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, en “Reflexiones Sobre el Nuevo Proceso Penal”, Mundo Gráfico, San José, Costa Rica, 1996, Págs. 87-104.







[1] Publicado, por primera vez, en la Revista Jurídica de la Unidad Técnica de Reforma Penal de la Corte Suprema de Justicia, “Justicia Penal”, año 1, número 1, enero del año 2002, Págs. 125-135.
[2] CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, La Reforma Procesal Penal y el Ministerio Público en Honduras: Justificación y Perspectivas, Litográficos de Impresión, S. de R.L., Tegucigalpa, Honduras, Pág. 312.

[3] En este sentido, deben considerarse igualmente manifestaciones del principio de oportunidad, toda vez que excluyen, limitan o condicionan el ejercicio de la acción penal pública: La suspensión condicional de la persecución penal (Arts. 36-40 CPP) y las conformidades en el proceso penal, tanto la que da lugar al procedimiento abreviado (Arts. 403 y 404), como la estricta conformidad de prceso ordinario (Art. 322 CPP).

[4] TIJERINO PACHECO, JOSE MARIA, El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, en “Reflexiones Sobre el Nuevo Proceso Penal”, Mundo Gráfico, San José, Costa Rica, 1996, Págs. 87-104.
[5] Al respecto puede verse, entre otros, CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, La reforma procesal penal y el Ministerio Público en Honduras…, cit., Págs. 311 y SS.; GOMEZ COLOMER, JUAN LUIS, El nuevo proceso penal abreviado (aspectos orgánicos y procesales), revista jurídica “Poder Judicial”, número 26, 1992, Págs. 9-24; DE LA OLIVA SANTOS, ANDRES, Disponibilidad del objeto, conformidad del imputado y vinculación del Tribunal a las pretensiones de las partes en el proceso penal, revista jurídica “Revista General del Derecho”, número 577-578, octubre-noviembre, 1992, Págs. 9853-9903; ARMENTA DEU, TERESA, Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, España, 1991; CONDE PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO, El principio de oportunidad reglada: Su posible incorporación al sistema del proceso penal español, en “Reforma del Proceso Penal II”, Congreso de derecho Procesal de Castilla León, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica de Publicaciones, Madrid, España, 1989; VASQUEZ SOTELO, JOSÉ LUIS, Discrecionalidad y Derecho procesal, revista jurídica “Justicia”, números 3 y 4, 1995, Pág. 55.

[6] A diferencia de las demás manifestaciones del principio de oportunidad presentes en nuestro nuevo proceso penal (suspensión condicional del proceso, conformidad del procedimiento abreviado y estricta conformidad del procedimiento ordinario), las cuales son estimadas por el Fiscal de forma “intra procesal”, es decir, dentro del proceso penal en curso, una vez judicializada la causa. De ahí que, en el caso de éstas y a diferencia de lo que ocurre con los criterios de oportunidad, su finalidad es poner fin anormal al proceso penal ya iniciado, evitando la etapa de juicio, mediante una resolución judicial que produce efectos de cosa juzgada. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, La reforma procesal penal y el Ministerio Público en Honduras…, cit., Págs. 311 y SS.
[7] Descartando así, por ejemplo, la justificación, por ser categóricamente errónea, de que con la vigencia del mismo se atiende de manera más fiel a un supuesto sistema de mayor contenido acusatorio; dado que, ciertamente, el facultar al Ministerio Público para poder abstenerse o condicionar el ejercicio de la acción penal pública, nada tiene que ver con la existencia o no de un verdadero sistema de corte predominantemente acusatorio. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, La reforma procesal penal y el Ministerio Público en Honduras…, cit., Pág. 313.

[8] Sin ánimo de desconocer otras plenamente identificadas pos la generalidad de la doctrina procesal, tales como las mencionadas de economía procesal, priorización de causas, resarcimiento efectivo e inmediato a favor de la víctima por del daño producido como causa del delito, facilitación de los procesos de rehabilitación, etc.
[9] Este punto en particular, a nuestro parecer, no merece mayores comentarios. Basta para demostrar su solidez argumentativa, con observar nuestros regímenes penitenciarios nacionales para llegar fácilmente a concluir en que, lejos de representar verdaderos centros de reeducación o resocialización, constituyen auténticas escuelas del crimen en los cuales una persona puede ingresar por la comisión de un delito de hurto y egresar experto en robo de vehículos. Lo anterior, sin profundizar en el tema de la estigmatización social agregada que con ello se provoca, ante la característica de pobreza extrema que predomina en nuestras poblaciones penitenciarias. Al respecto puede verse, especialmente, TOCORA, FERNANDO, Política criminal en América Latina, Ediciones del Profesional, Bogotá, Colombia, 1999.

[10] Al respecto el Código Procesal Penal, en su Artículo 446, literalmente establece lo siguiente: “Ámbito temporal de validez. Las disposiciones contenidas en este Código serán aplicables a todas las causas que se inicien a partir de la fecha en que entran en vigencia; las que se encuentren en trámite para esa fecha deberán continuarse hasta su finalización conforme al Código de Procedimientos Penales, emitido el 24 de octubre de 1984.

No obstante lo anterior, entrarán en vigencia a partir de la fecha de publicación de este Código los Artículos que se refieren: A la “Asistencia Técnica y Defensa” (Artículo 15), al “Criterio de Oportunidad” (Título II, Capítulo II, Libro Primero), a “Casos en que no podrá decretarse prisión preventiva” (Artículo 183), a los “Asuntos sobre los que debe recaer la sentencia y sus alcances, prohibición de reforma peyorativa (non reformatio in pejes)” (Artículo 350), y al “Procedimiento abreviado” (Artículos 403 y 404).
[11] Con respecto a las funciones específicas del departamento de capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica, puede verse el “Reglamento de Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica de la Fiscalía General de la República”, aprobado por el Señor Fiscal General de la República, Abog. Roy Edmundo Medina, mediante Acuerdo No. FG-001-2001. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO y EDMUNDO MEDINA, ROY, Compendio Fiscal: Reglamentos, Instructivos y Dictamenes (2000-2003), Ministerio Público/Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras, 2004, Págs. 4 y SS.
[12] CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO y MEDINA, ROY EDMUNDO, Compendio Fiscal…, cit., Págs. 11-43.

[13] Lo que fue posible gracias a la experiencia acumulada previamente y la consagración de la misma en los siete Dictámenes elaborados por el Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica, en respuesta a consultas elevadas por diversas Fiscalías Especiales y Regionales de la República, con respecto a diversos extremos concernientes a la aplicación de dichos criterios. Al respecto, pueden verse los Dictámenes DCATJ-003-2000; DCATJ-001-2001; DCATJ-002-2001; DCATJ-005-2001; DCATJ-006-2001y DCATJ-010-2001. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO y MEDINA, ROY EDMUNDO, Compendio Fiscal…, cit., Págs. 11 y SS.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home